El diez de octubre, Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán, Puebla, fue matado a tiros en una carretera cercana a su municipio.
Menos de una semana antes, Stalin Sánchez, presidente municipal de Paracho, Michoacán, fue ejecutado por un grupo armado cuando salía de su casa. Con estos dos casos, el número de alcaldes ultimados durante la actual administración federal llegó a 21. En el gobierno anterior, 38 presidentes municipales en funciones fueron víctimas de homicidio.
A ese tétrico total, habría que sumarle las docenas de ex alcaldes ejecutados en la última década. Y están por supuesto los muchos otros funcionarios municipales, particularmente policías y secretarios de Seguridad Pública, que han sido asesinados en el mismo periodo.
Esto del gobierno local se ha vuelto actividad de alto riesgo. ¿Cuál es el motor de este fenómeno? No lo sé del todo, pero voy a aventurar una teoría: los gobiernos locales están en cada vez más peligro porque el crimen organizado es cada vez más local.
Hasta hace algo más de una década, los grandes grupos criminales se dedicaban en lo fundamental a exportar drogas hacia Estados Unidos. Era un mundo de narcos, no de mafiosos. Y en ese mundo, los gobiernos municipales eran básicamente irrelevantes. Mientras un presidente municipal se callara la boca y no colaborara de más con las autoridades federales, no tenía mucho que temer de los narcotraficantes.
Pero eso ha cambiado. Hay más mafiosos que narcos. O narcos que también son mafiosos. Por diversas razones, empezando por la política de descabezamiento puesta en marcha hace una década, los grandes cárteles se han partido en mil pedazos. De la banda de los Beltrán Leyva surgieron no menos de doce grupos que son bastante menos que un cártel y bastante más que una pandilla callejera. Los Zetas dejaron a casi una decena de bandas sucesoras. Algo similar sucedió con el Cártel del Golfo. Y con los Templarios. Y con casi todos los demás grupos dominantes de inicios de siglo.
Esas bandas emergentes no tienen los contactos internacionales, la sofisticación logística para operaciones importantes de tráfico de drogas. Pero tienen armas, hombres y mucha disposición para la violencia. En consecuencia, se han dedicado en buena medida a extorsionar, secuestrar y robar.
Pero ese hecho ha cambiado de fondo la relación del crimen organizado con los gobiernos locales. En el viejo modelo delictivo, las autoridades municipales eran irrelevantes. En el nuevo modelo, son indispensables.
Para los criminales, los gobiernos municipales son fuente insustituible de información: ¿quién es dueño de qué cosa?, ¿quién quiere poner un nuevo negocio?, ¿quién pidió una licencia de construcción? Es decir, ¿quién es blanco de extorsión, secuestro o robo?
Además, son proveedores de músculo: ¿para qué contratar sicarios si se puede obtener el control de la policía municipal (como en Iguala, por ejemplo)?
Por último, son fuente de ingreso. Hay muchos casos donde los gobiernos municipales han sido extorsionados directamente u obligados a dar contratos de obra pública o servicios (basura, por ejemplo) a empresas vinculadas a grupos criminales.
En ese contexto, no es de extrañarse que los grupos de la delincuencia organizada busquen controlar a los gobiernos municipales. Y si para hacerlo hay que sobornar al alcalde o a otros funcionarios municipales, pues venga. Y cuando la plata no funciona o no es suficientemente convincente, viene el plomo. Mucho plomo.
Y esto no va a cambiar mientras persista la impunidad, mientras no tenga consecuencias matar a un alcalde. Así de fácil.
fuente.-@ahope71
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