Hace 32 años, cuando ocurrió el sismo que destrozó a la Ciudad de México, era normal encontrar sobrevivientes o cuerpos sin vida, pero no cuerpos de personas que habían sido torturadas y que murieron antes del temblor; sin embargo, fueron presentadas como parte de las víctimas por el siniestro.
Una de las personas que fueron encontradas muertas durante las labores de rescate tras los sismos de 1985 fue el penalista Saúl Ocampo, estaba amordazado, con los ojos vendados, cadenas en sus pies y manos, en la cajuela de un automóvil que apareció bajo los escombros del edificio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ubicado en la esquina de Niños Héroes y Doctor Liceaga.
Su familia había reportado su desaparición desde el 12 de septiembre de ese año, fue encontrado diez días después, junto con las víctimas del terremoto, lo identificaron por tarjetas de presentación con teléfonos de su despacho y una credencial del Colegio de Abogados de México.
En la brigada de rescate participaron empleados de la Procuraduría, por lo que inmediatamente se pidió que no se difundiera el hallazgo y se envió el cuerpo al Servicio Médico Forense.
Más tarde, la Procuraduría informó a la familia que Saúl había sido encontrado y de la autopsia que se le había hecho ese mismo día, la cual indicaba que había muerto como consecuencia de un disparo de arma de fuego en el tórax; sin embargo, de acuerdo con información de EL UNIVERSAL, el cadáver no tenía heridas de bala.
La agencia que prestó los servicios funerarios en la colonia Roma señaló que ya presentaba corrosión de seis o más días. Un médico revisó el cuerpo de Saúl Ocampo: tenía la boca muy abierta, presentaba amoratamiento, los dedos tenían signos de quemaduras que había tratado de ocultarse con cinta adhesiva, por lo que determinó que fue golpeado y murió por asfixia.
La familia afirmaba que la actitud de las autoridades era muy extraña, continuamente iban a preguntar cómo iba el trámite por la muerte del abogado, asimismo, señalaba que, después de reportar su desaparición, la procuraduría había afirmado que no se encontraba en ningún Ministerio Público.
Días después, encontraron a otras seis personas muertas de nacionalidad colombiana, estaban en “separos especiales” de la Policía Judicial del Distrito Federal. De acuerdo con la información del entonces director de la institución, Raúl Melgoza Figueroa, los detenidos pertenecían a una banda de violadores.
Dos de los cuerpos, hallados entre los escombros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, tenían muestras de tortura: un joven y una mujer. El primero fue identificado como Jhonny Hernández Valencia, de 17 años, y el segundo era el de su madre Miriam Valencia Mariones, detenida cuando ella había ido a preguntar sobre el paradero de su hijo; sin embargo, sus muertes fueron censadas como parte del terremoto.
Ambos fueron asesinados antes del temblor: el joven tenía heridas en el costado izquierdo y una de las versiones decía que el detenido había sido rescatado con vida, pero los judiciales los mataron al hacerle una herida profunda en el tórax.
Por su parte, la madre del acusado, antes de ser privada de su libertad, fue extorsionada por los judiciales, quienes la condujeron a su domicilio en la calle Zempoala # 682, colonia Narvarte, para “decomisarle” un Mustang con valor de 3 mil dólares y ropa.
A pesar de haber descubierto estos hechos, la Comisión de Derechos Humanos y la embajada de Colombia en México protestaron, mientras que las autoridades mexicanas negaron que se siguieran realizando este tipo de prácticas.
Con información de EL UNIVERSAL de 27 de septiembre de 1985.
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