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martes, 11 de julio de 2017

EVIDENCIA FORENSE CONFIRMA ESPIONAJE FEDERAL a EXPERTOS del GIEI...asombra la facilidad con que lo hacen y la facilidad con que se les descubre.


El último informe del Citizen Lab, publicado hoy en su página web, confirma que un teléfono perteneciente a un grupo internacional de expertos de varios países reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargado de investigar la desaparición de estudiantes en Iguala, en 2014, fue blanco de intentos de infección con el spyware desarrollado por el grupo NSO, una empresa israelí de "guerra cibernética".

Los intentos de infección que se documentaron ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de GIEI sobre su investigación.

La desaparición en Iguala de 2014 se refiere a un horrible episodio en el que 43 estudiantes del Colegio de Maestros de Ayotzinapa fueron desaparecidos mientras tomaban autobuses para viajar a la Ciudad de México, pues participarían en un evento conmemorativo de otro trágico episodio del País, la Masacre de Tlatelolco.

La respuesta inadecuada del Gobierno mexicano a la desaparición masiva y las sospechas de que las agencias gubernamentales mexicanas estaban implicadas, condujeron a los llamados para la creación de una investigación internacional independiente.

Mientras llevaban a cabo sus investigaciones, los expertos de GIEI enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento, y finalmente un enfrentamiento público con la Fiscalía General de México.

Aunque Citizen Lab no puede atribuir definitivamente los intentos a una agencia o individuo del Gobierno mexicano en particular, es muy significativo que los documentos filtrados muestren que numerosas agencias gubernamentales mexicanas, incluyendo la propia oficina del Fiscal General mexicano, compraron el software espía de NSO Group.

Este último informe se suma al creciente número de casos que muestran claramente el abuso del spyware comercial en el contexto mexicano. Hasta ahora Citizen ha determinado positivamente que la tecnología vendida por una compañía israelí, para que los gobiernos indaguen hechos antiterroristas, criminales y de seguridad nacional, se ha utilizado para hackear a científicos de la salud y a los activistas contra la obesidad, periodistas (y su familia), políticos de la oposición y ahora, a miembros de una investigación internacional independiente sobre la masacre de 43 estudiantes.

Estos hallazgos indudablemente profundizarán la crisis de vigilancia en México.

Pero lo que está sucediendo en ese País es síntoma de un problema global mucho más amplio. Las compañías de vigilancia están haciendo millones vendiendo sus productos a los gobiernos que carecen de supervisión y responsabilidad pública, y utilizan estas herramientas poderosas y altamente invasivas para la sociedad civil, para promover sus objetivos corruptos.

Abordar este problema requerirá una respuesta política integral a través de múltiples dominios, desde el doméstico al internacional.

Documenta New York Times espionaje

Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el Gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.
De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el Gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el Gobierno de México.

La nueva evidencia comprobó que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del Presidente Enrique Peña Nieto.
Fuente.-



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