Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz preso en Guatemala, regresará extraditado a México este 17 de julio para ser puesto a disposición de un juez federal, afirmó la Procuraduría General de la República (PGR).
Duarte de Ochoa es acusado de los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, peculado y delitos electorales. Además, la Fiscalía de Veracruz lo requiere por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.
De ellos, únicamente el de delincuencia organizada está catalogado como delito grave, por lo que la PGR deberá presentar elementos de prueba que convenzan a un juez de vincularlo a proceso con la medida de prisión preventiva, como lo estipula la ley.
Los siete delitos considerados graves son: crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, e infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
Hasta el momento, son cuatro las órdenes de aprehensión las que se han girado en contra del ex gobernador priista y que agrupan un total de ocho delitos.
De los delitos que se le imputan, solo el de delincuencia organizada amerita prisión de forma oficiosa; para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva bajo el argumento de riesgo de fuga, mientras que la defensa de Duarte de Ochoa podrá solicitarlibertad bajo caución debido a que no son considerados graves.
Los ocho delitos que le imputan a Javier Duarte:
Delincuencia organizada: Duarte es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. El delito amerita prisión preventiva de oficio y su pena va de los 20 a 40 años de prisión, según el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Peculado: El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linaresacusó a Duarte de Peculado, el cual, de acuerdo con el Código Penal Federal, se define como “todo servidor público que para usos propios y ajenos distraiga de su objeto dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado”.
Yunes dijo que Duarte participó en un presunto desvío de 35 mil millones de pesos para beneficiar a personas cercanas a él. Incumplimiento del deber legal Yunes ha reiterado en diversas ocasiones que Duarte no cumplió con sus responsabilidades en el cargo, al defraudar a la ciudadanía mediante el desvío de recursos para ayuda social.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena para quien resulte culpable va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
Abuso de autoridad: Por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. De acuerdo con el artículo 317 del Código Penal de Veracruz este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión. No es considerado delito grave.
Incumplimiento de un deber legal: Por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines. No es un delito tipificado como grave. El artículo 319 del Código Penal de Veracruz establece una pena de uno a ocho años de prisión.
Tráfico de influencias: El ex gobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Un ejemplo de ello, es el Decreto 289 firmado por Duarte y publicado en la Gaceta Oficial del estado el 19 de noviembre de 2011, en el que autorizó a la Secretaría de Finanzas para tomar recursos de partidas etiquetadas y emplearlas en otros rubros “prioritarios”. El delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
Delitos electorales: Funcionarios del gobierno federal señalaron que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) consignó un expediente en el que se responsabiliza al ex gobernador de obstaculizar las funciones electorales en la entidad que gobiernó. En marzo de 2017 un juez federal señaló que existen elementos para procesar penalmente a Javier Duarte por el citado delito previsto en el artículo 7, fracción IV, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. La pena en el peor de los casos no supera los tres años de prisión, los cuales pueden ser sustituidos por una fianza y reparación del daño.
Coalición: Por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces ex secretario de Finanzas Mauricio Audirac y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Esto está tipificado como un delito de coalición y alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.
Con información de medios
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