En el deslinde de responsabilidades que reclaman diversos sectores de la sociedad por la violencia armada en el desalojo de la CNTE y pobladores que los apoyan en Nochixtlán, Oaxaca, policías federales señalan que los autores de los disparos desde las filas gubernamentales fueron los efectivos de la Gendarmería, la división creada a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto y comandada por oficiales cercanos a él. Fue “un error táctico”, señalan.
La creación policial del presidente Enrique Peña Nieto, la División de Gendarmería, está en el centro de las investigaciones por los disparos de la Policía Federal (PF) en el enfrentamiento con civiles el pasado domingo 19 en Nochixtlán, Oaxaca.
En el frustrado operativo para desalojar la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, a la altura del municipio Asunción de Nochixtlán, en la Mixteca, participaron tres divisiones de la PF: la de Seguridad Regional, Fuerzas Federales y Gendarmería.
Policías federales que participaron en esa acción aseguran que fueron efectivos de la Gendarmería quienes dispararon sus armas de cargo cuando escucharon detonaciones provenientes de la multitud que llegó a apoyar a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tenían tomada la carretera.
“Fue un error táctico” de la Gendarmería responder de esa manera, consideran efectivos de la corporación que hablaron con Proceso a condición de no publicar sus nombres. Esa división está a cargo del comisario Manelich Castilla Craviotto, cercano al presidente Peña Nieto, quien lo restituyó como mando en la corporación.
Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la PF, explica a este semanario que en el operativo participaron esas tres divisiones. La mayoría pertenecían a Fuerzas Federales y a la Gendarmería, y los demás a Seguridad Regional, quienes fueron “los que inician el protocolo de diálogo en el desalojo”. Éstos son quienes están permanentemente destacados en el estado y su cuartel fue destruido el domingo 19, después del motín.
Las Fuerzas Federales y la Gendarmería participaron en el operativo de desalojo con cerca de 400 efectivos, que llegaron en distintos momentos al estado, según la explicación del comisionado. De acuerdo con el reglamento de la Ley de la Policía Federal, ambas divisiones tienen facultades para restablecer el orden.
Al mando del general Salvador Camacho Aguirre, las Fuerzas Federales llegaron a Oaxaca como refuerzo el jueves 16, en dos aviones de la corporación procedentes de la Ciudad de México. Ahí está su centro de mando, conocido como Contel, en la delegación Iztapalapa.
La División de Gendarmería ya estaba en Oaxaca, donde desde hace un mes la CNTE y sus simpatizantes toman carreteras en protesta contra la reforma educativa de Peña Nieto.
Esa división de la PF, creada por iniciativa presidencial, fue desplegada en Oaxaca el año pasado con motivo de las elecciones federales. Se quedó en la entidad, aunque con menos efectivos, y de acuerdo con Galindo también tiene entrenamiento y equipo para contener disturbios en los desalojos.
En entrevista telefónica, el viernes 24, el comisionado Galindo sostuvo que el día de los hechos, después de un primer momento en que la división de Seguridad Regional había contenido a los profesores de la CNTE y despejado casi toda la carretera, llegó un numeroso grupo de civiles: unos 2 mil, según estimaciones oficiales:
“Se desahogó casi toda la carretera. Se logró contener durante casi dos horas y después de eso llegó gente extraña al movimiento, ya con cohetones, incluso con aspecto diferente. Quienes estaban a cargo del operativo de desocupación me reportaron que se escuchaban disparos de arma. ‘No se vayan a confundir con cohetones’, les dije. ‘Definan bien’. Me confirmaron que sí eran disparos. Eso cambió todo, fue lo que decantó la operación.”
Al sentirse rebasados en número, los federales pidieron refuerzos. Llegaron por tierra y aire otros 120 elementos de la Policía Federal. Sumados a la fuerza que ya estaba, en total habrían participado 520 efectivos de la Policía Federal. Los primeros 400 llevaban equipo antimotines. El refuerzo habría llegado armado.
En el operativo de desalojo también habían sido destacados 400 elementos de Seguridad Pública estatal y 50 agentes ministeriales. En total participaron unos 850 policías de varias corporaciones. Pero no sólo llegaron los efectivos de la Gendarmería a reforzar a los primeros, sino que el gobierno de Oaxaca envió a más hombres de Seguridad Pública.
–¿Quién dio la orden de disparar? –se le pregunta al comisionado general de la PF.
–No es asunto de ordenar, sino de reaccionar. La Policía Federal no traía armas. Cuando te enfrentas a una situación así no esperas una orden; están entrenados para reaccionar. Pero el criterio básico que aplicamos es el de la ONU sobre el uso de la fuerza en disturbios. El principio 9 de ese instrumento internacional dice que cuando está en peligro la integridad física de los ciudadanos o de los policías se puede usar el arma de fuego. Somos cuidadosos en observarlo. Por eso, cuando se hizo el plan de desalojo, certificamos que no llevábamos armas.
Asegura que la PF tiene un protocolo de uso de la fuerza, que hasta ahora no es público. “Hay una lógica operativa. No se pueden usar las armas de fuego de manera indiscriminada. Además, en México no tenemos una ley de uso de la fuerza. Nosotros somos los más interesados en que se legisle, pero hay resistencias porque la ley haría más violentos los desalojos, al menos las propuestas de ley que hay así lo establecen”, dice.
Galindo asegura que en la planeación policiaca estaba descartado el uso de las armas, pese a que en la región hay antecedentes de movimientos radicales. Con lo que no contaban es que se hicieran notar “grupos de interés”.
–¿Ese escenario no estuvo en la planeación policial del operativo?
–Antes del domingo 19, durante tres semanas tuvimos una gran cantidad de intervenciones en Oaxaca y en ninguna habíamos tenido injerencia de extraños y menos con armas de fuego. En el año que tenemos ahí no se había presentado una situación de arma de fuego. Nuestros análisis no lo consideraron.
–¿Ni siquiera porque es una zona con presencia de guerrilla?
–Desde el año pasado, los grupos tradicionales guerrilleros se habían mantenido al margen y ellos tampoco se activan por activarse. Yo no sé si sea un asiento de guerrilla o de delincuencia organizada. En el caso de la guerrilla, hay un procedimiento antes de que se activen. No hubo nada de eso. La delincuencia es diferente. Y los grupos de interés que quieren desestabilizar también operan diferente. A pesar de ser una zona delicada en ese sentido, no tenemos registros de que la guerrilla se haya activado, en lo absoluto.
–¿Qué grupos de interés?
–No lo sé. Es una línea de investigación de la fiscalía de Oaxaca, que está a cargo de las indagatorias. Lo que nos sorprendió es que hubo gente extraña que no tenía que ver con el pueblo y el bloqueo.
Iban desarmados, aseguran
De acuerdo con la PF, tres de sus efectivos resultaron heridos de bala: dos de calibre .22 y uno por revólver calibre .38. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, informó el pasado miércoles que uno de los civiles heridos, Luis Martínez Martínez, también fue herido con un arma calibre .22
En contraste, la Gendarmería utiliza el poderoso fusil de asalto SCAR (Special Forces Combat Assault Rifle, fusil de asalto para combate de las fuerzas especiales), diseñado originalmente para el ejército de Estados Unidos. Su calibre es 5.50 mm y tiene 60 tiros; cada uno puede alcanzar hasta a tres personas.
Una fotografía del operativo de “contención” en Nochixtlán muestra a un elemento de la PF en uniforme de campaña que apunta con un arma larga. En otra se ve a uno más, con vestimenta similar, que se dispone a usar una pistola.
Elementos de la corporación que participaron en esa acción señalan en entrevista que en las elecciones del año pasado fueron destacados en Oaxaca 6 mil elementos, y pasado el proceso se quedaron cuatro compañías de 100 efectivos cada una. Ellos han custodiado el centro de la capital oaxaqueña, las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el aeropuerto y las vías federales, ante posibles acciones de la CNTE.
Uno de ellos señala que el enfrentamiento en Nochixtlán fue imprevisto: “Se fue gestando conforme pasaron las horas. La información de que podía existir un choque violento se tenía, pero nadie creyó que realmente se suscitara y que fuera de tal gravedad.
“Los mandos enviaron a unos mil policías de Fuerzas Federales, Gendarmería y Policía Estatal, no exactamente a ese punto sino a uno cercano, a donde se encontraba el contingente de la CNTE bloqueando la carretera. Permanecimos allí en acción preventiva. Nos quedamos en una línea mientras el grupo de expertos dialogaba con los dirigentes de movimiento. Necesitábamos desactivarlos, desalojarlos, pero siguiendo el protocolo. No llegamos directamente a quitarlos.”
Precisa que los agentes federales portaban un equipo corporal denominado “antimotín español”. Otros llevaban el inglés, consistente en un armazón de policarbonato que cubre parte del cuerpo. Ese material es duro pero con cierto grado de flexibilidad y no tiene blindaje, por lo que no detiene un tiro. Se les proporcionó un bastón PR-24, fabricado con el mismo material del armazón, además de granadas de humo, irritantes y lacrimógenas.
“Todo esto se utilizó por instrucciones de Salvador Camacho Aguirre, el comandante responsable que dio la orden de accionar el equipo”, indica la fuente, que pidió el anonimato.
Esa versión coincide con la de otro policía federal, quien asegura que salieron hacia Nochixtlán sin armas de fuego: “En estos eventos no se usan; sólo portamos el equipo antimotines. Incluso, previo al evento, un grupo de la CNDH pasó a cada compañía a ver qué tipo de armamento y equipo usamos”. Aclara que esa revisión es parte de un protocolo.
Cuando se agravó la situación, añade, se lanzaron granadas con el fin de dispersar a la muchedumbre.
Y matiza: “Entre los compañeros se maneja que arribamos a Nochixtlán en total unos mil elementos, entre Gendarmería y Fuerzas Federales. La Gendarmería participa, pero al interior de la corporación no se le toma mucho en cuenta, por lo frágil que se le considera. Es una corporación nueva y la inexperiencia los hace actuar erróneamente. No tienen el criterio para resolver algún tipo de reacción, además de que no se apegan a los protocolos. Tienen otras ideas”.
Explica que cuando los agentes federales fueron trasladados a Nochixtlán, el equipo antidisturbios viajó desarmado pero escoltado por un grupo que sí portaba armas. Al llegar al lugar, el equipo antidisturbios se quedó allí y el contingente armado se desprendió antes. Nunca llegó al lugar de la “contención”, precisa el entrevistado.
–¿Y si sufren un ataque armado? –se le plantea.
–Es cuestión de los comandantes. Nosotros vamos desarmados y nos colocamos frente al grupo de manifestantes. Nosotros tenemos que contener sin agredir. Es la consigna.
–¿De dónde salieron los disparos por parte de la policía?
–Se dice que fue personal de Gendarmería los que, por su falta de tacto en ese tipo de situaciones, cometieron ese error.
Acerca de si hubo francotiradores, como afirman algunos pobladores, responde: “No. En estos eventos no se manejan este tipo de personas. Descártelo, no se toman esas medidas”.
Y agrega: “Cualquier acción, los comandantes la consultan con el comisario general, todos recibimos órdenes de él. Cualquier movimiento que hacemos es porque pasó por el visto bueno del comisionado nacional de Seguridad (Renato Sales Heredia) e incluso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”.
Mandos peñistas
El titular de la Gendarmería, Castilla Craviotto, trabajó en la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal con su extitular Genaro García Luna. A principios de este sexenio había sido destituido como mando de la PF.
En agosto de 2013, Manuel Mondragón, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, de la que depende la PF, relevó a Castilla Craviotto de la División de Seguridad Regional.
Los motivos de su salida nunca fueron explicados, pero ocurrió después de un fallido operativo antidrogas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de denuncias de despidos masivos en Seguridad Regional y de versiones periodísticas sobre una supuesta relación de Castilla Craviotto con el narcotráfico.
Pero éste no salió de la corporación. Fue designado agregado de la PF en la embajada de México en Colombia. Mondragón sí se fue. Castilla Craviotto permaneció en Bogotá ocho meses, hasta que fue llamado para encabezar el proyecto de seguridad de Peña Nieto. Aunque poco tiene que ver con la idea original de que la Gendarmería reemplazara a la PF (Proceso 1970), a partir de junio de 2014 está a cargo de la División de Gendarmería de la Policía Federal.
El abanderamiento del nuevo cuerpo policial lo encabezó el propio Peña Nieto en Valle de Bravo, Estado de México, justo cuando había crecido el número de secuestros en ese municipio, donde familias adineradas tienen casas de descanso.
Castilla Craviotto, quien entre 2004 y 2007 tuvo a su cargo el Programa de Justicia de la Fundación Telmex, consistente en el pago de fianzas penales a personas pobres acusadas de delitos menores, quedó envuelto en la polémica cuando apenas había sido designado titular de la Gendarmería.
En noviembre de 2014 firmó un contrato con la empresa Desarrolladora M para la construcción de seis cuarteles móviles de la Gendarmería, por un total de 535 millones 54 mil 883.97 pesos, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había autorizado para ese rubro sólo 250 millones (Proceso 2018).
Además de Castilla Craviotto, firmó el contrato Modesto Serrano Mendoza, titular de Enlace Administrativo de la División de Gendarmería y anterior colaborador de Peña Nieto en el gobierno del Estado de México, donde fue subdirector y director de la Secretaría Técnica de la Administración y Planeación Presupuestal.
En 2014 Serrano fue titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad en Michoacán, cuando otro cercano a Peña, Alfredo Castillo Cervantes –actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte– fue comisionado federal para ese estado. De ahí Serrano saltó a la Gendarmería, que ahora está bajo investigación no sólo en la Unidad de Asuntos Internos de la PF sino en la Procuraduría de Oaxaca y en la General de la República.
Fuente.-
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