“Sólo se permite el acceso al plantel con identificación oficial”, advierte una cartulina en la puerta de la Secundaria Técnica 117, en la colonia Simón Bolívar. El guardia de seguridad, contratado por el gobierno estatal a una empresa privada, hace el primer filtro a través de una ventanita. Adentro hay dos mensajes más. Uno para los padres de los 700 muchachos que estudian aquí: “Por motivos de seguridad, se les informa que el servicio de atención a padres de familia es de 7 a 9 horas. Después de ese horario la puerta permanecerá cerrada”. Otro para los chicos: un dibujo de un pelón con lentes oscuros, flanqueado por una pistola y una ametralladora con la señal de prohibido y una frase garabateada en inglés: Don’t bring any kind of weapon (No traigas ningún tipo de armas).
La secundaria es una amplia construcción de dos pisos, notablemente ordenada y tupida de vegetación. Los escasos recursos que recibe apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas de 18 grupos de tiempo completo, con servicio de alimentación y clases técnicas de contaduría y computación. Está en el límite de las colonias Simón Bolívar y la Zapata, dos de las más peligrosas de la periferia de Acapulco, el municipio más violento del país y la tercera ciudad más violenta del mundo —solo debajo de Caracas y de San Pedro Sula, en Honduras— según el ranking global que cada año realiza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
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En esta zona, la más poblada de Acapulco, se registra una tasa de 104 homicidios por cada 100 mil habitantes. Entre dos y seis personas asesinadas son la cuota diaria que aportan a la cuenta de ejecutados del país las 50 colonias del otro Acapulco, donde viven las personas que trabajan en la costera. Aquí, la gente ha aprendido a dosificar el temor de ir al médico o a la escuela.
“Lo que hemos implementado es el pecho a tierra”, dice la maestra Paula Dávila, subdirectora de la técnica 117, al resumir su protocolo de seguridad en las balaceras. “A veces hay periodos de tranquilidad, pero en la colonia casi diario hay muertos. La mayoría de los papas viven aquí y cuando hay balaceras quieren venir por sus hijos, pero les decimos: ‘¿cómo se lo va a llevar ahorita? ¡Es más peligroso que lo saque!’”.
En esta escuela las clases no comienzan a las 7 de la mañana, sino media hora después. Es una medida de seguridad para los maestros que vienen de otras colonias y que tendrían que llegar cuando todavía estuviera oscuro. También se han suspendido las visitas domiciliarias de trabajadores sociales a casas de los chicos que presentan problemas de conducta o que dejan de asistir.
Son adaptaciones que han hecho los maestros de estas colonias desde que en 2011 las escuelas comenzaron a ser blanco de extorsiones de grupos criminales. Primero pidieron cuotas a los maestros, apenas se enteraban de que habían recibido aguinaldos o bonos. Luego, en algunas escuelas las extorsiones se extendieron a los padres de los niños.
Apenas el pasado 13 de noviembre, al menos una decena de escuelas de las colonias Zapata y Renacimiento suspendieron las clases porque comenzaron las extorsiones a los profesores. El gobernador Héctor Astudillo anunció que a partir del martes 17 volvería la vigilancia federal a las escuelas de la zona.
Este tipo de agresiones provocaron que el gobierno estatal contratara empresas privadas para la seguridad dentro de las escuelas, pero el problema no se detuvo. De hecho explotó desde finales de 2014: en dos meses fueron asesinados 21 maestros y las amenazas forzaron a 198 escuelas de la región Acapulco - Coyuca de Benítez a suspender las clases desde el 3 de diciembre. En la mitad de esos planteles, las vacaciones de Navidad duraron dos meses.
La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) logró un acuerdo para tener seguridad. Desde enero, se desplegaron mil 200 elementos militares, federales, estatales y municipales para la vigilancia afuera de las escuelas. Estuvieron cinco meses. Desaparecieron para este ciclo escolar.
“Se fueron todos en las vacaciones y no regresaron”, dice una madre de familia de la Primaria Francisco Sarabia, en la colonia Renacimiento, una de las más pobladas de la zona.
Durante meses, esta escuela tuvo en la puerta dos moños negros en señal de luto de dos profesores asesinados en agosto y septiembre de 2014: el maestro Jorge Omar, de quinto grado, asesinado media cuadra antes de llegar a la escuela, y el maestro Armando, de educación física, al salir de la escuela en la que trabajaba por las tardes.
“Tuvimos que convencer a los papás de que vinieran, que no era contra la escuela. Mandaron a sus hijos casi casi tocando sus puertas”, cuenta el director, Erik Aguilar.
La escuela no tuvo problemas con las extorsiones porque no esperaron a que llegaran. Suspendieron clases apenas supieron que en otras escuelas de la colonia Rena estaban pidiendo cuotas: 30 pesos a la semana por niño y 800 pesos quincenales a cada maestro, según lo que se dijo entonces.
“A los niños se les explicó que la escuela iba a estar asegurada, de alguna manera, con policías y soldados”, dice Aguilar.
—¿Y los profes, cómo enfrentan el miedo?
—Tenemos el apoyo de la unidad de psicología y trabajo social. Hemos trabajado en conjunto en el sentido de no sentirnos presionados, vigilados. Queremos tratar de llevar una vida normal. Esto no es un asunto solo de los maestros. Aquí se ha dado el caso que los médicos del (hospital general) Donato G. Alarcón, que ya no quieren estar aquí porque los estaban secuestrando. Se llevaron doctores, enfermeras, ingenieros que venían a hacer las obras. Entonces, los niños entendieron, y entienden, que al final de cuentas tenemos que estar aquí.
Si la violencia cambió las dinámicas escolares (horarios de entrada, accesos restringidos, servicios limitados), la presencia policíaca disparó otros fenómenos. Los niños de estas colonias se han acostumbrado a jugar en el recreo junto a policías con ametralladoras. Hacen bromas sobre los muertos del día. Como el mensaje que dejó en Facebook el administrador de la página de una comunidad escolar, después una semana violenta:
“Pues Ya Pasamos Más de la Mitad del 21 de Diciembre y Aun No Hemos Muerto”.
“Al principio estaban impresionados (con los militares y federales), sentían curiosidad, pero con el tiempo se fueron acostumbrando a ver las armas”, dice un maestro de primaria que pide el anonimato.
“Los ven como algo que les gusta, de admiración, y luego las chamacas empiezan ahí a echarles novio a los soldados, pero realmente en cuestión de seguridad, no cambia nada”, dice la maestra Dávila.
En julio de 2012, al presentar el informe de Avances y Perspectiva del Programa de Escuela Segura, el coordinador del programa, José Aguirre, dijo que la Secretaría de Educación Pública había detectado condiciones de alto riesgo, extorsiones a maestros y violencia en 4 mil 700 escuelas del país, que representan el 10% de las instituciones incorporadas al Programa. Los “focos rojos”, dijo, estaban en municipios de la frontera norte (sobre todo Tamaulipas y Nuevo León) y en cuatro zonas de Acapulco.
Esa es, hasta ahora, la única información oficial sobre el impacto de la violencia en las escuelas públicas del país. Y salvo la repartición en escuelas del “Manual de Seguridad Escolar” no hay una estrategia integral de atención de la violencia, que en esta zona es un factor de deserción escolar.
La colonia Simón Bolívar es un barrio de callejuelas empinadas que recuerda a las favelas brasileñas. Hace un año, en una balacera de varias horas, una anciana y dos de sus nietos fueron asesinados dentro de su vivienda. Cuando encontraron los cuerpos, ella todavía abrazaba a los pequeños. Su casa es una de muchas casas abandonadas en la calle de J, un chico que estudia en la técnica 117 que cuenta que este año ha faltado mucho. Está difícil ser alumno regular entre el dengue, la chikungunya, las balaceras y las tormentas. “Miedo me da a veces, pero casi no”, dice J, más preocupado por aprender las tablas de multiplicar que aún no le salen.
La seguridad privada tampoco parece ser la solución. Valentín es uno de los guardias que trabaja en estas escuelas. Tiene 24 años y está casado. Es originario de San Miguel Tololapan, el municipio más peligroso de la Tierra Caliente, a unas ocho horas al norte del estado, y cuenta que quería estudiar mecánica automotriz, pero por falta de dinero se metió a la policía municipal.
“Era eso o la maña”, dice. Hace un año, las cosas se pusieron tan duras allá, que prefirió venirse a Acapulco de policía privado. No le ha tocado aún ninguna balacera, ni ataque directo a la escuela que vigila, y espera que no ocurra, porque tendría pocas oportunidades sin refuerzos estatales o federales.
“¿Sabe cuántas balas me dan en la empresa para esta arma? (pregunta mostrando su metralleta) Quince. ¿Cree usted? Pero pues qué le hacemos, si está peor en San Miguel”.
Los maestros saben que, en cuanto se acerque diciembre, las extorsiones van a volver.
“Las cosas están tranquilas ahora, pero el problema es que cuando se van los militares, se pone peor. Así es siempre”, dice una madre de familia afuera de la primaria Jaime Torres Bodet.
fuente.-
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