sábado, 28 de febrero de 2015

A MEXICO le faltan "ESTRUCTURAS DEL ESTADO DE DERECHO",critica ALEMANIA.


El comisionado del Gobierno alemán para los Derechos Humanos, Christoph Strässer, cree que el problema de fondo de la violencia en México es “la falta de estructuras del Estado de derecho”.

Mexico,D.F 28/Feb/2015 Strässer realizó estas declaraciones al concluir una visita de varios días al país azteca, en la que se centró en el posible uso de armas alemanas en la tragedia de los estudiantes de Iguala y en la posibilidad de que su país firme un acuerdo de cooperación policial con México, según recogen hoy medios alemanes.

“En resumen el problema de México es la falta de estructuras del Estado de derecho por todas partes”, argumentó el político socialdemócrata alemán.

Esto se hace evidente, a su juicio, en los problemas de la justicia, en la tortura en las cárceles, en la corrupción y en la desaparición masiva de personas.

México ha hecho mucho y bien en los últimos años en el ámbito legal y con la firma de tratados internacionales, “pero tiene grandes fallos a nivel de implementación”, opinó Strässer.

Durante la investigación de la tragedia de Iguala se encontraron una treintena de rifles de asalto de origen alemán, que en principio no podrían estar legalmente en Guerrero ya que Berlín puso como condición para su exportación a México que no fuesen a ningún estado con problemas de violencia.

La empresa alemana Heckler & Koch vendió unos 10,000 rifles de asalto tipo G-36 a México entre 2005 y 2007 bajo estas condiciones, que aparentemente no se han respetado.

Strässer visitó a familiares de los 43 estudiantes de Iguala que hace cinco meses fueron detenidos por la policía y, según cree la Fiscalía, fueron posteriormente asesinados.

“El empleo de armas alemanas no se puede descartar”, dijo Strässer sobre el caso de los estudiantes de Iguala, y pidió “perdón” en caso de que así haya sido.

Durante su estancia en México, el responsable alemán se entrevistó también con el ministro de Exteriores, José Antonio Meade, el fiscal general, Jesús Murillo Karam, y representantes de la iglesia Católica y de la comisión nacional de Derechos Humanos. 


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